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Carta a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados

CDMX a 15 de mayo de 2022.

Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República
P R E S E N T E

Estimadas senadoras, estimados senadores,

Enteradas y enterados de que la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conacyt, ha sido citada a comparecer el 25 del presente ante la Comisión que ustedes integran, quienes formamos parte de ProCienciaMx les hacemos llegar algunas preocupaciones que consideramos importante incluir entre los temas que serán abordados.

 

1.- La ley de CTI y el anteproyecto presentado por Conacyt a la CONAMER.

Es preocupante el retraso de 15 meses en la entrega al Congreso, por parte de Conacyt, de un proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI). El Anteproyecto de ley que el Conacyt ha presentado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y que ustedes conocen, tiene numerosas deficiencias. Por ello, hemos elaborado el documento adjunto, en el que señalamos ocho planteamientos clave respecto a dicho anteproyecto

 

2.- Financiamiento y apoyo a la ciencia y la tecnología

  • La arbitraria e innecesaria eliminación de la fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, bajo el pretexto de dar sustento jurídico a la extinción de los fideicomisos, generó una situación de profunda inestabilidad en el sector científico.
  • La forma tan desaseada como se procedió a la extinción de fideicomisos impide conocer el destino de más de 42 mil millones de pesos. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho una serie de observaciones relativas al actual uso irregular, por parte de Conacyt, de los recursos de al menos uno de estos fideicomisos.
  • Existe evidencia oficial, en la cuenta pública, de la mala administración de los recursos del ramo 38. En particular, del sobregiro de más de 1,500 millones de pesos correspondientes al SNI. Resulta igualmente preocupante el subejercicio de 2,000 millones de pesos asignados al programa de becas de posgrado del Conacyt.
  • El cambio al que se procedió tras la extinción de los fideicomisos ha derivado en un único programa presupuestario destinado al financiamiento de la investigación científica: el llamado Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), que presenta ya un sobregiro de 700 millones de pesos. Además, vemos con preocupación que una parte significativa de los recursos de PRONACES han sido asignados directamente mediante la modalidad de Proyectos por encargo de Estado, lo que genera fuertes inequidades entre disciplinas, instituciones y entidades federativas.
  • Los proyectos financiados por convocatoria a partir del fondo institucional, como es el caso de Fronteras, encuentran condiciones extremadamente adversas, ya que a pesar de que son multianuales, el presupuesto se asigna cada año, comprometiendo su oportuno desarrollo. El retraso en la aprobación de los informes parciales reduce todavía más el plazo efectivo de las investigaciones hasta a menos de seis meses al año, con lo que es prácticamente imposible mantener la continuidad.
  • Las escasas convocatorias abiertas del Conacyt incumplen sistemáticamente con el tiempo de entrega de resultados, generando incertidumbre entre los postulantes; una situación particularmente grave para los egresados de doctorado, que ven amenazado su futuro laboral en México, lo que aumenta el riesgo de una ola masiva de fuga de cerebros.

 

3.- La modificación a estatutos, reglamentos y criterios de evaluación del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Adelantándose a la posible promulgación de una nueva Ley, y en contraposición con la ley vigente, la administración de la Dra. Álvarez-Buylla ha hecho reformas a los reglamentos que rigen tanto el funcionamiento interno del Conacyt como su relación con la comunidad científica. Con esto se han modificado de manera ilegal las formas de participación, criterios de evaluación y prioridades para la asignación de recursos.

  • Destaca en primer lugar el desconocimiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, incluido en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT) de 2002 como un organismo autónomo, el cual fue sustituido arbitrariamente por otro Foro que no sólo no tiene un carácter autónomo, sino que forma parte de la estructura interna del Conacyt y del que se ha eliminado la participación de los representantes de los investigadores.
  • Se ha modificado el objeto del SNI a nivel reglamentario, en contradicción con su decreto de creación violando así los propios fundamentos de ese Sistema.
  • Sin consultar a la comunidad y por fuera de lo estipulado en la LCYT de 2002, se ha procedido a reformar los estatutos del Conacyt y su reglamento interno, así como las reglas de operación de los diferentes programas.
  • Fuera de los reglamentos anteriores y actuales del SNI, el Conacyt constituyó en 2021 una comisión especial ad-hoc que designó al Dr. Gertz Manero como investigador nivel III del SNI, en contra de los dictámenes emitidos por cinco comisiones dictaminadoras distintas a lo largo de diez años. Tras esta arbitrariedad, más de 200 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores denunciaron y documentaron ante la Junta de Honor del SNI que una parte de la obra del Dr. Gertz evaluada por la comisión especial es producto de plagio de la obra de autores ya fallecidos. A pesar de que el plagio constituye la más flagrante falta de ética en el mundo académico, la respuesta de la Junta de Honor, aceptada por el Consejo General del SNI, concluyó que a ninguna persona integrante de este sistema le corresponde denunciar plagio si no es la directamente afectada.
  • A partir de 2020 se aprobó la convocatoria para renovar las comisiones evaluadoras del SNI, sin representación de las y los investigadores; sin informar cuál debe ser el procedimiento para integrar las listas de evaluadores; sin consultar previamente a las comisiones dictaminadoras existentes, lo cual está establecido en la Ley vigente, y con tan poca antelación que apenas dejó tiempo suficiente para realizar la evaluación.
  • Los resultados de la última evaluación para ingreso y promoción al SNI han sido fuertemente cuestionados, sobre todo porque se utilizaron criterios aplicados retroactivamente, lo que, al ser anticonstitucional, ha llevado a la proliferación de juicios de amparo de parte de los integrantes del SNI, y a un mayor número de impugnaciones a las decisiones de las comisiones dictaminadoras de los años previos.

 

Para resumir, agrupamos todas estas preocupaciones en cuatro cuestionamientos centrales:

  1. ¿Cómo es que una institución federal que es cabeza nacional de sector procede tan frecuentemente al margen de la ley y de la constitución?
  2. ¿Dónde están los recursos para financiar las actividades de ciencia, tecnología e innovación que antes estaban alojados en los fideicomisos creados para estos fines, y por qué se ha hecho caso omiso de las observaciones de la ASP que evidencian graves irregularidades en la administración financiera del Conacyt?
  3. ¿Por qué la dirección del Conacyt opera con tanta frecuencia en contra de los reglamentos que ella misma establece, de manera opaca y la mayoría de las veces a espaldas de la comunidad que dice representar y defender?
  4. ¿Por qué se han modificado los criterios de evaluación en el sni, se han designado comisiones dictaminadoras y comisiones evaluadoras ad hoc al margen de la legalidad y se han financiado proyectos sin la aprobación de la comunidad científica?

 

Agradeciendo la atención prestada, les extendemos, estimadas y estimados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, un muy cordial saludo.

 

Investigadoras e investigadores de ProCienciaMx