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Declaración de ProCienciaMX sobre las acusaciones infundadas del CONACYT y de la FGR en contra de un grupo de colegas académicos.

Declaración de ProCienciaMX sobre las acusaciones infundadas del CONACYT y de la FGR en contra de un grupo de colegas académicos.

La comunidad científica y académica de México está viviendo una situación de preocupación, incertidumbre y zozobra porque 31 colegas han sido acusados/as penalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Con base en ello, la FGR propone que sean detenidos y llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano. La fiscalía construyó dicha acusación sobre la base de una denuncia que la doctora Álvarez-Buylla, directora general de CONACyT, formuló previamente en contra de “quien resulte responsable” dentro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT AC).

A pesar de que, en dos ocasiones, el juez federal a quien fueron solicitadas las órdenes de aprehensión correspondientes, rechazó el requerimiento por falta de elementos legales en la acusación, la FGR ha insistido en que su imputación es válida. Hoy, 23 de septiembre de 2021, en entrevista radiofónica, Alfredo Higuera Bernal, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la FGR, arguyó que la denuncia se basa en la ilegalidad del carácter autónomo y civil del Foro y anunció que se solicitará una nueva orden de aprehensión en contra de los 31 colegas señalados.

Este argumento carece completamente de sustento porque los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en 2002 y hasta hoy vigente establecen que el FCCyT “se constituye como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT”, e instruye el otorgamiento de apoyo logístico y de recursos básicos por parte de CONACYT para su operación permanente.

Esto se ratificaba en el Estatuto Orgánico del CONACyT de 2002, que además especificaba en su artículo 38 que, “para la materialización de sus actos, el Foro se constituirá en una Asociación Civil”. Dichos elementos fueron tomados en cuenta por un fallo de la Suprema Corte de Justicia (amparo en revisión 76/2021) que ratificó tanto la legalidad de la existencia autónoma del FCCyT AC como de la asignación del presupuesto de la misma por parte de CONACyT.

Lo que la FGR presenta como organización delictiva es, realmente, el grupo coordinador de un órgano legalmente avalado y autónomo creado por Ley con el objeto de “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”.

Las 31 personas penalmente imputadas son: el director del CONACyT entre 2012 y 2018; los coordinadores del FCCyT AC entre 2012 y 2019, sus secretarias técnicas y su representante legal, y 25 personas más. Estas últimas, en su gran mayoría académicos de diversas instituciones de investigación científica y educación superior que obtuvieron licencia para desempeñarse por unos años como funcionarios de CONACyT y que participaron, porque su puesto así lo establecía, en una o más reuniones internas de CONACYT en las que, entre otras cosas, se abordó la asignación y ejercicio de los recursos destinados al Foro. Todas estas personas no hacían más que desempeñar sus labores en una institución del gobierno federal, auditada con todo rigor cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ProCienciaMX se suma a la indignación manifestada por muchas voces de la academia de todo el país, por estos hechos que criminalizan indebidamente a 31 colegas y pasan por encima de las decisiones y opiniones del poder judicial. No solamente las de un juez federal, sino la arriba mencionada de la Suprema Corte.

Las acusaciones de la FGR son presentadas ante la opinión pública como destinadas a defender una lucha justificada y legal en contra de la corrupción en el sector académico y científico. Además de que sus argumentos no se sostienen legalmente, parecen más bien un distractor para no enfrentar las múltiples preocupaciones del sector. Entre ellas destaca el posible cambio de estatuto laboral de los investigadores de los Centros Públicos de Investigación hacia la calidad de funcionarios públicos; la súbita desaparición del programa Cátedras CONACyT anunciada hoy mismo, así como el cambio arbitrario de sus lineamientos en perjuicio de cientos de jóvenes investigadores; el retraso y la discrecionalidad en la asignación de becas a estudiantes doctorales y a doctores para estancias posdoctorales, que están creando incertidumbre en la nueva generación de investigadores.

Por encima de todo ello está la largamente pospuesta discusión de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso de la Unión. Muchas voces de la

academia y del sector de ciencia, tecnología e innovación se han opuesto al núcleo central del anteproyecto de ley propuesto por CONACYT, debido a la insuficiente representatividad de los gobiernos estatales y de la comunidad académica, al deficiente esquema de financiamiento de la investigación y a la falta de mecanismos de consulta a la sociedad.

Mientras esta ley no se apruebe, las modificaciones parciales o totales de la Ley Orgánica del CONACYT, de su Estatuto y de varios reglamentos entre ellos el del Sistema Nacional de Investigadores realizadas en esta administración serán extralegales, además de crear innumerables problemas en el sector y generar confusiones de carácter jurídico.

Por todo lo anterior, la Red ProCienciaMX exige:

  1. El inmediato desistimiento de las acusaciones penales en contra de los 31 inculpados.
  2. Una explicación pública de las autoridades del Conacyt y de la FGR sobre el caso.
  3. Que se transparente a la opinión pública, con base en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, la totalidad de los elementos en que se basan las acusaciones.


Convocamos a la comunidad académica del país a sumarse al rechazo de esta acción arbitraria.