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FORO “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: los agravios”

I Presentación

Entre los 100 compromisos anunciados el 1 de diciembre de 2018 por el presidente de la República, el octavo señalaba: “Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas.”
Lejos de esa promesa, la educación superior y la actividad científica en México inician 2022 en una situación crítica. Hay instituciones de educación superior, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) que, víctimas de la austeridad, deben operar sin recursos y con personal en condiciones laborales precarias. Varias universidades autónomas, como la Universidad de Guadalajara, viven embates políticos y recortes presupuestarios por parte del gobierno estatal. La comunidad de la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP) ha sido despojada de sus instalaciones. Y en varias instituciones, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se ha impuesto a autoridades de espaldas a la comunidad y se ha pretendido eliminar la pluralidad académica en pos de un pensamiento único, definido por el gobierno. Hay precariedad e incertidumbre en la comunidad universitaria y un discurso gubernamental que atenta contra la libertad académica.
Es necesario emprender una discusión nacional sobre el sistema científico y tecnológico de nuestro país, en especial, sobre las acciones y cambios emprendidos por este gobierno, así como sus efectos y las posibles acciones por venir en los próximos tres años, en particular frente a los ataques a la autonomía universitaria y la posible discusión de una Ley General de Ciencia y Tecnología e Innovación.

II Objetivo

El foro “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: Los agravios” tiene por objetivo discutir la política científica de la actual administración federal, mostrar las condiciones nocivas a la autonomía universitaria en todo el país, desde el discurso estigmatizante y la ideologización del sector científico hasta las amenazas políticas, legales y presupuestales contra la labor científica y la libertad académica. Buscará también compartir experiencias colectivas e institucionales sobre los efectos y consecuencias en la ciencia y en la comunidad universitaria.

III Justificación

La política científica de la actual administración y las amenazas a la autonomía universitaria por parte de autoridades federales y estatales deben ser sujetas a una profunda revisión y discusión por parte de la comunidad académica y el poder legislativo. Desde el inicio de la administración el diálogo con la comunidad científica se ha roto y las acciones emprendidas han abonado a acrecentar las tensiones y generar conflicto. El CONACYT del actual gobierno ha emprendido una serie de cambios en la normatividad, en la configuración institucional, en los programas y lineamientos que componen al sistema científico del país, no sólo con el objetivo de reducir y centralizar los recursos, sino también, con el fin de sujetar la investigación científica a lineamientos políticos e ideológicos.
En la larga lista de agravios y desaguisados se encuentran la eliminación de los fideicomisos de ciencia y tecnología, que significó una reducción significativa en los recursos y de la autonomía para concluir proyectos de investigación; los cambios en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que violan los derechos de científicos de universidades privadas y los excluyen de facto de estímulos a la investigación; la presentación de una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología elaborada sin consultar a la comunidad científica; la eliminación de la independencia del Foro Consultivo, que se acompañó de la persecución penal de sus integrantes; los cambios en el Programa Cátedras CONACYT, que vulneró aún más los derechos laborales de sus investigadores; los Programas Nacionales Estratégicos, que limitan la libertad investigación y de cátedra; los cambios en la normatividad de los programas de becas, que ha afectado a estudiantes en México y en el
extranjero; los problemas de pagos con el programa de estancias posdoctorales; las remociones de académicos de puestos de dirección, lo que se ha traducido en el entorpecimiento de la gestión y conducción de centros públicos de investigación.
La lista de agravios puede extenderse todavía más. Sin embargo, es necesario incluir, como cierre, la más preocupante: la permanente campaña de ataque hacia los integrantes de la comunidad científica, tanto por parte de la cabeza del sector, como desde la presidencia de la República. Las constantes acusaciones sin pruebas de presuntos actos de corrupción, los reproches por detentar una presumida lista de privilegios, los señalamientos de una supuesta complicidad con injusticias del pasado y, en especial, imputaciones sobre ejercer una ciencia neoliberal dañan moral y profesionalmente a las y los científicos y académicos, vulneran libertades fundamentales como la libertad de expresión, de investigación y de cátedra, pero sobre todo, atentan contra el fortalecimiento y desarrollo de la investigación libre y autónoma.
Tampoco puede dejar de mencionarse que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación fue presentado con años de retraso y sólo reitera un discurso ideologizado. En suma, las autoridades de CONACYT se han conducido sin un diálogo real y comprometido con los distintos sectores de la academia: investigadores, profesores, posdocs, becarios, estudiantes, integrantes del SNI y trabajadores de la ciencia.
Más allá de CONACYT, la política de austeridad del gobierno federal ha afectado también a instituciones de enseñanza superior e investigación. Las reducciones al gasto operativo y el trato de las entidades de educación como si fueran unidades administrativas (ENAH y Centros Públicos de Investigación -CPI) ha significado paralizar funciones sustantivas, hacer aún más precarias las condiciones de trabajo de todo el personal y la posibilidad de hacer investigación y hacer trabajo de campo para estudiantes. En algunos estados, como en los peores momentos del autoritarismo, se ha utilizado el presupuesto como arma política para presionar a las universidades. En Puebla, se han utilizado artimañas legales para atacar a una universidad privada. En Tamaulipas, el otrora secretario de administración de la Universidad Autónoma, ligado con el actual gobernador, se encuentra bajo investigación federal. Se imponen autoridades en contra de la voz de la comunidad y se afectan los derechos laborales. En todo el país hay
comunidades de investigadores, trabajadores y estudiantes protestando y exigiendo que se respete a sus instituciones, que se otorguen recursos suficientes y que se les permita hacer su trabajo sin amenazas ni descalificaciones.
Este foro buscará estimular las discusiones sobre los principios y derechos rectores de la investigación; sobre las políticas y acciones del actual gobierno, sobre los efectos y consecuencias en la comunidad académica, y sobre los riesgos de politizar la ciencia. Se generará una memoria para hacerla llegar a los legisladores y para continuar el debate en distintos espacios.