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Planteamientos clave para la ley general de CTI

1. Una ley de apoyo a la CTI no debe confundirse con una ley orgánica de CONACYT. 

La Constitución mandata hacer una ley de apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, donde se especifiquen los mecanismos para proveer recursos y estímulos suficientes, de acuerdo con bases de coordinación, vinculación y participación. En contraste, el anteproyecto de ley de HCTI se refiere básicamente al papel de CONACYT como entidad de la administración pública federal responsable de la formulación de la política de CTI. Si bien fija reglas que comprenden a los otros órdenes de gobierno en torno a las actividades de CTI, no coordina las responsabilidades correspondientes de dichos órdenes de gobierno y no adopta un federalismo abierto y constructivo que favorezca el funcionamiento del Sistema Nacional de CTI. Por su título, objetivo restringido y falta de consideración del pacto federal, el anteproyecto ignora el mandato constitucional.

2. Los principios de la ley general de CTI se deben basar en los derechos consagrados en la Constitución. 

El inciso V del artículo tercero constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”. En su lugar el anteproyecto enuncia un derecho humano a la ciencia que no está definido en la Constitución.

Asimismo, son principios constitucionales que deben incluirse en una ley general de CTI, los siguientes:

  • la obligación de las autoridades “de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (…)”;
  • evitar todo tipo de discriminación;
  • considerar a la Nación como una entidad pluricultural;
  • promover la igualdad sustantiva;
  • incorporar la perspectiva de género;
  • “fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos”, entre otros.

Contrariamente, el anteproyecto propone un conjunto de principios que no emanan de la Constitución o que se incluyen de forma distorsionada, como en el caso de la perspectiva de género donde sólo se usa un lenguaje incluyente pero no se promueve mediante acciones afirmativas. Al mismo tiempo, el anteproyecto agrega conceptos que no se definen, e integra principios relativos a las actividades de CTI que deben ser, en todo caso, establecidos y consensados mediante la participación de los involucrados como son el “diálogo de saberes”, la “producción horizontal y transversal del conocimiento”, y el “trabajo colaborativo”, entre otros.

3. Una ley de apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica debe tener un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados. 

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigente desde 1976, dice: “Todos los ciudadanos gozarán, (…) de los siguientes derechos y oportunidades”, entre los cuáles está: “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos (…)”. La Observación general 25 a dicho artículo, efectuada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y aprobada en 1996, dice: “5. La dirección de los asuntos públicos, mencionada en el párrafo a) [del Art. 25 del Pacto], es un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. … Abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. La asignación de facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos (…) se determinarán por la constitución o por otras leyes.”

La colaboración entre actores diversos en la toma de decisiones es característica de las democracias modernas. El anteproyecto ignora el derecho a la participación pública al no incorporar en los órganos de formulación de las políticas ni en los respectivos órganos consultivos dicho derecho. Las comunidades científicas, tecnológicas y de innovación requieren espacios de expresión y participación independientes en los que se respete la libertad de pensamiento, para establecer un diálogo que permita construir una agenda vinculante, en concordancia con los avances de la CTI .

Por lo tanto, no es aceptable que la consulta sobre el diseño e implementación de las políticas de TI se lleve a cabo sólo con un órgano consultivo interno, nombrado por la autoridad de gobierno, sin que existan mecanismos de consulta y participación autónomos de los sectores social y privado.

4. Una ley de apoyo a la CTI tiene que reconocer la corresponsabilidad de todas las organizaciones e instituciones que realizan las actividades de CTI, respetando su autonomía y formas de organización interna. 

Las principales organizaciones e instituciones generadoras de productos y resultados relevantes deben ser incluidas en el texto de la ley junto con la precisión del compromiso que todas deben asumir.

El anteproyecto desconoce la corresponsabilidad de esas instituciones y organizaciones que realizan las actividades de CTI. Si bien se reconoce la autonomía otorgada por ley a un conjunto de IES y se señala que se va a interactuar con ellas, todo el apoyo a la CTI queda bajo la decisión exclusiva de CONACYT. Hay una falta de respeto a la autonomía al imposibilitar que las IES intervengan en el diseño y la implementación de actividades, reglas y medidas de política de CTI.

5. Como entidades dedicadas a la investigación y la docencia, los Centros Públicos de Investigación (CPI) requieren de autonomía académica, de gestión y presupuestaria, así como de una ley propia que les garantice la libertad de investigación.

 La Ley debe otorgar plena autonomía a los CPI en los tres sentidos señalados. Por su carácter general, esta ley tiene que establecer un diseño institucional y de financiamiento congruente con los distintos aspectos de la autonomía y con los instrumentos jurídicos específicos de cada centro. Esa institucionalidad es imprescindible para desempeñar cabalmente las funciones de investigación, docencia, extensión y vinculación de los CPI sin recurrir a leyes supletorias promulgadas para otras entidades del Estado. Los mecanismos de ingreso y evaluación de los centros y de su personal académico deben responder a estándares académicos y procesos y procedimientos acordes con los objetivos y modalidades de investigación de cada centro. CONACYT debe tener funciones de coordinación, no de dirección, del Sistema de CPI de carácter federal que instituya la ley respectiva.

El anteproyecto de ley reconoce la “autonomía” de los CPI; no obstante, diversas disposiciones propuestas la menoscaban seriamente en sus distintas vertientes, por lo que los centros quedan legal y prácticamente subordinados al CONACYT.

6. Una ley de apoyo a la CTI debe especificar el monto del financiamiento que el Estado está dispuesto a asignar y los mecanismos para proveer recursos y estímulos suficientes para el desarrollo de las actividades de investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. 

Es necesario asegurar un financiamiento estable, suficiente y progresivo de las actividades de CTI, que incluya, un porcentaje del PIB y la adopción de una asignación multianual del financiamiento. Requiere asimismo priorizar un enfoque transversal de la CTI para evitar la concentración presupuestal en un solo ramo, y estipular la evaluación de pares de los recursos asignados. Una ley sin compromiso financiero ni instrumentos no es una ley de apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica.

El anteproyecto no asume un compromiso presupuestal y no define mecanismos para proveer recursos y estímulos suficientes. Esto pone en riesgo los fondos para financiar a la ciencia, las becas de posgrado, las estancias posdoctorales, las cátedras de los jóvenes investigadores, entre otros.

7. Una ley de fomento debe incluir de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento. 

Las comunidades científicas, tecnológicas y de innovación operan como redes transversales que generan sinergias al sumar infraestructura de laboratorios, programas académicos, investigadores y redes internacionales de instituciones públicas y privadas. La vinculación de estas redes con empresas de base tecnológica, sistemas-producto agropecuarios, clusters industriales y cadenas de suministro construyen un sólido ecosistema para la innovación y la solución de problemas nacionales. En este proceso nadie sobra. La transformación de un número creciente de universidades particulares en instituciones de investigación es uno de los desarrollos importantes de los últimos años que se debe impulsar en beneficio del ecosistema nacional de innovación. Por lo cual es preciso eliminar cualquier discriminación a investigadores, estudiantes y proyectos de instituciones educativas y centros de investigación particulares.

8. Los Derechos de Propiedad Intelectual no pueden cederse a CONACYT como único titular. 

Las instituciones de educación superior, centros de investigación y personas que realicen o produzcan resultados en proyectos efectuados con recursos públicos gestionados por CONACYT, ya sea en forma individual o con apoyo de terceros, deberán preservar los derechos patrimoniales de propiedad intelectual. La titularidad o cotitularidad de esos derechos se ceñirá a los tratados o convenios internacionales signados por el Estado mexicano y, si existe, a la legislación reglamentaria en relación con derechos de autor, patentes, marcas y distintivos y protección del conocimiento tradicional.

El financiamiento de proyectos a través de instituciones debe reconocer que éstas aportan al proyecto su infraestructura, recursos materiales y humanos, además de ser las generadoras de los conceptos, métodos, ensayos, procesos y prototipos que constituyen la actividad intelectual. La puesta en práctica de los derechos patrimoniales se debe hacer en proporción a esa aportación y en su caso a otras aportaciones que los participantes hagan en diversos aspectos tales como contribuciones monetarias y no monetarias, transferencia de tecnología, uso de infraestructuras, recursos concurrentes u otros que se acuerden mediante convenios específicos.

El anteproyecto pretende que CONACYT sea titular de los Derechos de Propiedad Intelectual de conocimiento generado con recursos públicos sin estipular la cotitularidad de organizaciones, instituciones y personas que realizan las actividades de CTI ni definir los instrumentos jurídicos que se tienen que poner en práctica.